JUJUY
Treinta y tres comunidades aborígenes de Salta y Jujuy serán recibidas por la Corte Suprema de Justicia el 28 de marzo. Reclamarán por la explotación de litio en Salinas Grandes.
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación recibirá el 28 de marzo a las 10, a 33 comunidades aborígenes
de Salta y Jujuy en su sede ubicada en Buenos Aires. La representante
legal de las Comunidades Aborígenes, Alicia Chalabe, brindo detalles por
Radio 2.
Previo a la audiencia del 28 de
marzo, se realizará una mesa preparatoria para confirmar las personas
que participarán el día de la reunión en Buenos Aires. Se prevé dicha
mesa previa por una cuestión de espacio en la sede de la Corte Suprema.
En ese sentido, Chalabe confirmó hasta el momento a dos representantes; una autoridad y una persona que compone la comunidad.
Las autoridades de las
comunidades aborígenes de cada jurisdicción presentaron ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo como medida
cautelar, para respetar los derechos que vienen exigiendo a empresas
mineras con la detención de la explotación de litio en Salinas Grandes.
Cabe destacar que las
comunidades originarias, teniendo en cuenta los trabajos realizados por
empresas mineras en la zona, empezaron con un proceso organizativo hace
más de dos años.
“Después de averiguar cuáles
eran los problemas que tenían y qué es lo que estaba pasando con estas
noticias y con las exploraciones que se iban a realizar, decidieron
presentar esta acción de amparo”, relató Chalabe. Con este recurso, las
comunidades originarias piden que se cumpla el derecho de consulta, que
es un derecho establecido en el convenio 169.
Dicho convenio, data del año
1989 que el país incorporó como Ley Nacional, por lo que Chalabe explicó
que exigirán el cumplimiento de la ley respecto a los procesos de
exploración de litio y borato en la zona de Salinas Grandes, el cual es
un espacio geográfico muy amplio que comprende dos jurisdicciones como
Salta y Jujuy.
“Era competente la Corte Suprema
para entender un proceso así, además de tratarse de derechos
establecidos en convenios internacionales a los que el país ha
suscripto”, finalizó la abogada.
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