JUJUY
El diputado Pablo Baca, al término de la sesión especial realizada con motivo del Día Nacional y Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia, señaló
el consenso que han alcanzado las políticas de memoria y valoró que la
necesidad de avanzar hacia la reconstrucción de la verdad histórica y la
administración de justicia sean hoy temas transversales a todos los
partidos políticos que integran la Cámara.
A propósito Baca consideró que
la memoria, la verdad y la justicia, respecto de los hechos ocurridos
durante la dictadura constituyen, "no una obligacíón hacia el
pasado,sino un compromiso con la vida en democracia".
En esa línea anticipó que, dado
el nivel de acuerdo que existe en torno a las políticas de memoria, este
año volverá a impulsar el proyecto de ley para la creación de la
Comisión Provincial de la Memoria.
Cabe recordar que el sábado la
Legislatura aprobó por unanimidad un instrumento legislativo donde la
Cámara expresó su repudio a las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la década de los 70 y observó “con preocupación la
demora en la satisfacción de la demanda de Justicia por las víctimas
provinciales del terrorismo de Estado en Jujuy”.
Los legisladores también allí
expresaron “la necesidad de que el Juzgado Federal Nro 2, extreme su
esfuerzo para asegurar el juicio y castigo a los responsables” y
abogaron porque “los poderes provinciales maximicen su colaboración
en todo lo que esté a su alcance, para contribuir con el esclarecimiento
de los hechos, la culminación de los juicios en Jujuy y la construcción
de la memoria colectiva”.
Finalmente, por moción del
diputado Héctor Tentor (FPV), la resolución incluyó en el último
artículo la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Durante su intervención en el
recinto, el diputado Pablo Baca recordó los avances legislativos
producidos en materia de memoria y en tal sentido recordó la sanción de
la ley provincial que instituyó el Día de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, la ley que declaró el 20 de julio Día de los Derechos Humanos
en recuerdo de la Noche del Apagón de Ledesma, la declaración para la
señalización de sitios que funcionaron como Centros Clandestinos de
Detención en Jujuy.
Anticipó el legislador que
volverá a insistir con el proyecto de creación de la Comisión Provincial
de la Memoria, como un ámbito participativo destinado a “fortalecer el
proceso de democratización, a partir de políticas de memoria sobre la
historia de las violaciones a los derechos humanos, reafirmando el nunca
más al terrorismo de estado y la defensa irrestricta de los derechos
humanos y el orden democrático”.
La Comisión además, agregó, debe
a “aportar a la construcción de la identidad de la comunidad, a partir
de la recuperación de la historia; debe también fomentar el estudio , la
investigación y la difusión de los hechos vinculados al terrorismo de
estado; contribuir a los procesos pedagógicos de la memoria; recopilar,
organizar y proteger toda documentación referida a este período de la
historia y colaborar con los tribunales que llevan adelante los procesos
de búsqueda de la verdad y justicia, así como con los organismos que
desarrollen políticas reparatorias”, precisó.
El diputado Pablo Baca, durante
la sesión efectuó un homenaje al Dr. Luis Aredez, quien fuera Intendente
de Libertador General San Martín y al dirigente Avelino Bazán y en
ellos recordó a las 127 víctimas de la dictadura en Jujuy y las 30 mil
en Argentina.
Los efectos de la impunidad en el presente
Pablo Baca puso de relieve que
“en Argentina se han producido importantes avances en la búsqueda de
verdad y justicia, pero esto no ha ocurrido en Jujuy donde los juicios
penales no han llegado aún a la instancia oral y pública. Esta situación
preocupa e inquieta a la sociedad porque importa la continuidad de la
impunidad”.
“Es decir, a 36 años del Golpe
de estado de 1976 se mantienen insatisfechas las demandas de verdad y
justicia” sentenció Baca y precisó que en Jujuy hay 127 víctimas del
terrorismo de estado, sólo 10 causas elevadas a juicio y 10 procesados”.
Observó que son escasos los avances si se tiene en cuenta que la
Fiscalía ha imputado “a 88 personas, de las cuales 22 ya han muerto, de
manera que mientras más se demore el proceso, menos posibilidad habrá de
administrar justicia y menos posibilidades de que este servicio llegue
con su acción reparatoria a las víctimas indirectas que son los
familiares y la sociedad en su conjunto”.
“La impunidad, es decir la
ausencia de justicia, constituye un mecanismo institucional de
revictimización, porque es una nueva forma de tormento hacia los
familiares de las personas víctimas de desaparición forzada” subrayó
Baca.
Finalmente señaló que urge que
la justicia concluya con los procesos porque “la democracia misma se
encuentra amenazada por la impunidad del pasado que abona procesos de
anomia y desapego a las normas que ordenan la convivencia social”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario