JUJUYLa Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo provincial por las que se creó el cargo de Ministro Jefe de Gabinete y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Además se constituyó un ente para planificación urbana, con funciones similares. Todas iniciativas del Gobierno de Fellner.
Las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se sancionaron por unanimidad y durante el debate se trajo al recinto la cuestión de la crisis habitacional que estalló en Libertador a fines de julio pasado.
Miguel Rioja (PJ) fundamentó la creación de nuevos organismos del Estado en la tendencia actual de formar estructuras más grandes y especializadas para “atender las necesidades de la población”, al tiempo que destacó que la decisión se condice con lo realizado por la Nación en este aspecto.
En el tratamiento en particular, el radical Alberto Bernis propuso que entre las obligaciones del ministro jefe de gabinete se incluya la de comparecer ante la Legislatura al menos dos veces al año para informar sobre la marcha del Gobierno como sucede en el orden nacional, propuesta que recibió el apoyo de Carolina Moisés de Primero Jujuy.
Desde el oficialismo, el diputado Guillermo Eugenio Snopek (h) consideró inválido establecer parangón con la normativa de la Constitución nacional, mientras que Jorge Casas señaló que en virtud del artículo 142 de la Constitución provincial, el ministro jefe de gabinete puede ser convocado por la Legislatura cuando lo considere necesario.
Moisés replicó que los argumentos del PJ “me parecen una excusa” y resaltó que “hay cosas que no están en la Constitución provincial y no por eso estamos imposibilitados de hacerlas”. Tras ponderar la importancia de la figura del ministro jefe de gabinete en la gestión moderna, la diputada sampedreña abogó por el funcionamiento de los mecanismos de control que tienen una expresión en los informes de los jefes de gabinete al parlamento. “Las rendiciones de cuenta a esta Legislatura no se hacen nunca, los pedidos de informes no salen nunca, ni siquiera los firmados por los diputados oficialistas. En todo este año, se aprobó un pedido de informe, no se interpeló a ningún ministro, aun cuando hubo un hecho gravísimo que fue la muerte de una criatura”, enfatizó Moisés aludiendo al asesinato de una nena en un hogar sustituto de San Pedro. La legisladora recordó que el ministro de Desarrollo Social no concurrió a dar explicaciones y se logró como hecho “excepcional” que lo hiciera una secretaria de ese Ministerio.
En apoyo del argumento de Moisés se expresó Isolda Calsina (Lyder-UDESO), quien considero que la supuesta innecesaridad del agregado propuesto por Bernis no es tal. “La Constitución da esta Cámara la posibilidad pero nosotros queremos que exista la obligación de comparecer, una comparencia habitual por lo menos dos veces al año”, explicó, mientras que Pablo Baca (UDESO) advirtió que la letra de la Carta Magna provincial pone de manifiesto la voluntad de los constituyentes de promover la interacción y una relación estrecha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Siendo una de las funciones del ministro Jefe de Gabinete conducir las relaciones con la Legislatura, añadió Baca, es muy pertinente establecer que concurra a dar su informe a los diputados.
El presidente del bloque justicialista, Héctor Tentor, anunció que el oficialismo no acompañaría el agregado propiciado por UDESO, fundamentando que cuando se requirió de la presencia del ministro jefe de gabinete en el tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto, el funcionario concurrió a la Legislatura.
La moción de Bernis fue rechazada, finalmente, por el voto del PJ y de los diputados Perassi y Alejandro Snopek de Primero Jujuy.
Otra nueva cartera
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene por funciones, según la ley sancionada ayer, el establecimiento, planificación, desarrollo e implementación de políticas públicas integrales de tierra y vivienda en el ámbito provincial, municipal y regional. Además se estipula que estarán a su cargo los planes de urbanización y construcción, los programas de obras de desarrollo urbano, equipamiento comunitario y construcción de viviendas que se realicen con fondos públicos. La realización de gestiones tendientes al cumplimiento de los objetivos del sistema provincial de tierra y vivienda, garantizando la unidad de acción del Estado, son también de su competencia.
La Cámara, además, aprobó por unanimidad la creación del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana, cuyo objeto es el “reordenamiento y planeamiento urbano de todos los municipios y comisiones municipales, estudiando, elaborando, proponiendo, coordinando y ejecutando las políticas públicas que a tales efectos diseñe en todo el territorio de la Provincia”. La norma lo autoriza a preparar y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo todos los planes, programas de mejoramiento y desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo, obtener financiamiento y gestionar recursos, proponer las operaciones de adquisición de inmuebles o disposición de tierras.
Durante el debate, el diputado Oscar Agustín Perassi advirtió que a la grave crisis de fines de julio se llegó debido a muchos años sin dar solución a las necesidades habitacionales de los jujeños, al tiempo que indicó que a pesar de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, los problemas, con ocupaciones de tierras privadas y públicas, subsisten.
Por su parte, Pablo Baca (UDESO) sostuvo la necesidad de que los municipios tengan participación en las acciones del ente, mocionando que una disposición en ese sentido se agregue en el texto de la ley y otra expresando que el nuevo organismo debe prestar asistencia técnica a las municipalidades y comisiones municipales que lo requieran.
El PJ aceptó realizar las modificaciones propuestas por la oposición y quedó establecido en la ley que el ente, como entidad autárquica del Estado provincial, tiene todos los atributos y potestades propios de las personas de derecho público, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y que su objeto es “el reordenamiento y planeamiento urbano de todos los municipios y comisiones municipales”, tarea que deberá efectuar “coordinando funciones” con aquellos. Otro agregado dice que el ente deberá brindar asistencia técnica a los municipios que lo requieran.
Las facultades conferidas al ente son amplias e incluyen instrumentar programas de financiamiento y la constitución de fondos fiduciarios, así como renegociar contratos celebrados por el Ejecutivo que “tengan relación con el proyecto de reordenamiento urbano y la relocalización de los edificios públicos”.
Las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se sancionaron por unanimidad y durante el debate se trajo al recinto la cuestión de la crisis habitacional que estalló en Libertador a fines de julio pasado.
Miguel Rioja (PJ) fundamentó la creación de nuevos organismos del Estado en la tendencia actual de formar estructuras más grandes y especializadas para “atender las necesidades de la población”, al tiempo que destacó que la decisión se condice con lo realizado por la Nación en este aspecto.
En el tratamiento en particular, el radical Alberto Bernis propuso que entre las obligaciones del ministro jefe de gabinete se incluya la de comparecer ante la Legislatura al menos dos veces al año para informar sobre la marcha del Gobierno como sucede en el orden nacional, propuesta que recibió el apoyo de Carolina Moisés de Primero Jujuy.
Desde el oficialismo, el diputado Guillermo Eugenio Snopek (h) consideró inválido establecer parangón con la normativa de la Constitución nacional, mientras que Jorge Casas señaló que en virtud del artículo 142 de la Constitución provincial, el ministro jefe de gabinete puede ser convocado por la Legislatura cuando lo considere necesario.
Moisés replicó que los argumentos del PJ “me parecen una excusa” y resaltó que “hay cosas que no están en la Constitución provincial y no por eso estamos imposibilitados de hacerlas”. Tras ponderar la importancia de la figura del ministro jefe de gabinete en la gestión moderna, la diputada sampedreña abogó por el funcionamiento de los mecanismos de control que tienen una expresión en los informes de los jefes de gabinete al parlamento. “Las rendiciones de cuenta a esta Legislatura no se hacen nunca, los pedidos de informes no salen nunca, ni siquiera los firmados por los diputados oficialistas. En todo este año, se aprobó un pedido de informe, no se interpeló a ningún ministro, aun cuando hubo un hecho gravísimo que fue la muerte de una criatura”, enfatizó Moisés aludiendo al asesinato de una nena en un hogar sustituto de San Pedro. La legisladora recordó que el ministro de Desarrollo Social no concurrió a dar explicaciones y se logró como hecho “excepcional” que lo hiciera una secretaria de ese Ministerio.
En apoyo del argumento de Moisés se expresó Isolda Calsina (Lyder-UDESO), quien considero que la supuesta innecesaridad del agregado propuesto por Bernis no es tal. “La Constitución da esta Cámara la posibilidad pero nosotros queremos que exista la obligación de comparecer, una comparencia habitual por lo menos dos veces al año”, explicó, mientras que Pablo Baca (UDESO) advirtió que la letra de la Carta Magna provincial pone de manifiesto la voluntad de los constituyentes de promover la interacción y una relación estrecha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Siendo una de las funciones del ministro Jefe de Gabinete conducir las relaciones con la Legislatura, añadió Baca, es muy pertinente establecer que concurra a dar su informe a los diputados.
El presidente del bloque justicialista, Héctor Tentor, anunció que el oficialismo no acompañaría el agregado propiciado por UDESO, fundamentando que cuando se requirió de la presencia del ministro jefe de gabinete en el tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto, el funcionario concurrió a la Legislatura.
La moción de Bernis fue rechazada, finalmente, por el voto del PJ y de los diputados Perassi y Alejandro Snopek de Primero Jujuy.
Otra nueva cartera
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene por funciones, según la ley sancionada ayer, el establecimiento, planificación, desarrollo e implementación de políticas públicas integrales de tierra y vivienda en el ámbito provincial, municipal y regional. Además se estipula que estarán a su cargo los planes de urbanización y construcción, los programas de obras de desarrollo urbano, equipamiento comunitario y construcción de viviendas que se realicen con fondos públicos. La realización de gestiones tendientes al cumplimiento de los objetivos del sistema provincial de tierra y vivienda, garantizando la unidad de acción del Estado, son también de su competencia.
La Cámara, además, aprobó por unanimidad la creación del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana, cuyo objeto es el “reordenamiento y planeamiento urbano de todos los municipios y comisiones municipales, estudiando, elaborando, proponiendo, coordinando y ejecutando las políticas públicas que a tales efectos diseñe en todo el territorio de la Provincia”. La norma lo autoriza a preparar y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo todos los planes, programas de mejoramiento y desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo, obtener financiamiento y gestionar recursos, proponer las operaciones de adquisición de inmuebles o disposición de tierras.
Durante el debate, el diputado Oscar Agustín Perassi advirtió que a la grave crisis de fines de julio se llegó debido a muchos años sin dar solución a las necesidades habitacionales de los jujeños, al tiempo que indicó que a pesar de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, los problemas, con ocupaciones de tierras privadas y públicas, subsisten.
Por su parte, Pablo Baca (UDESO) sostuvo la necesidad de que los municipios tengan participación en las acciones del ente, mocionando que una disposición en ese sentido se agregue en el texto de la ley y otra expresando que el nuevo organismo debe prestar asistencia técnica a las municipalidades y comisiones municipales que lo requieran.
El PJ aceptó realizar las modificaciones propuestas por la oposición y quedó establecido en la ley que el ente, como entidad autárquica del Estado provincial, tiene todos los atributos y potestades propios de las personas de derecho público, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y que su objeto es “el reordenamiento y planeamiento urbano de todos los municipios y comisiones municipales”, tarea que deberá efectuar “coordinando funciones” con aquellos. Otro agregado dice que el ente deberá brindar asistencia técnica a los municipios que lo requieran.
Las facultades conferidas al ente son amplias e incluyen instrumentar programas de financiamiento y la constitución de fondos fiduciarios, así como renegociar contratos celebrados por el Ejecutivo que “tengan relación con el proyecto de reordenamiento urbano y la relocalización de los edificios públicos”.
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