JUJUYLa integran legisladores de los tres bloques de la Cámara y comenzará a trabajar hoy mismo. Tendrá facultades para recibir denuncias y material probatorio, realizar inspecciones y solicitar informes.
En un plazo de 15 días debe realizar un informe que esclarezca los hechos y establezca responsabilidades en torno al asesinato de cuatro personas en el intento de desalojo de un terreno de Ledesma.
La Legislatura aprobó por unanimidad en la sesión especial de anoche la creación de la “Comisión Parlamentaria Extraordinaria Investigadora por la Verdad y la Justicia”, que tiene por misión esclarecer los graves episodios acaecidos en la ciudad de Libertador el pasado 28 de julio y precisar las responsabilidades políticas.
La comisión está integrada por doce miembros: Patricia Arach, Jorge Casas. Guillermo Snopek, María Elina Domínguez, Héctor Tento y Daniel Almirón por el bloque justicialista. Jorge Rizzotti, Pedro Olver Legal, Pablo Baca y Alberto Bernis por la UCR y Carolina Moisés y Roberto Bidondo por Primero Jujuy. Bernis será el presidente.
La resolución de creación estipula que la comisión podrá recibir denuncias y material probatorio sobre los hechos que se investigan; requerir y recibir declaraciones testimoniales, efectuar careos; realizar inspecciones oculares, solicitar informes escritos u orales, requerir el envío de documentación a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de administración pública provincial o municipal o de entres descentralizados, autónomos o autárquicos, y a toda persona jurídica de existencia física e ideal. También queda facultada a establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.
Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación es otra de las facultades que se confiere a la comisión. Además, podrá requerir la presencia de funcionarios y personas por la fuerza pública.
En un plazo de 15 días corridos contados a partir de su constitución, la Comisión deberá elevar un informe final a la Cámara, dice la resolución sancionada anoche.
Durante el debate, el radical Pablo Baca sostuvo que hay muchas zonas oscuras en los hechos y reclamó la colaboración del bloque justicialista con el fin que la comisión pueda investigar lo que sucedió y dar con los responsables de los asesinatos.
La falta de contacto con la realidad, la incapacidad del Gobierno para aplicar políticas sociales efectivas, el trato discriminatorio de los funcionarios para con las organizaciones sociales y el debilitamiento de las instituciones de la Provincia fueron los cargos enrostrados a los diputados justicialistas que optaron por no contestar y soportaron la catarata de acusaciones en silencio y con la cabeza gacha. Sólo Vilma Rivarola, golpeando con las uñas la banca, se ofuscó ante los cuestionamientos de Carolina Moisés e Isolina Comas, ambas de Primero Jujuy. A la primera le dijo que días atrás no le parecía tan malo el gobierno de Walter Basilio Barrionuevo cuando pedía que la incluyan en la lista de candidatos del PJ y a la segunda, la acusó de no trabajar en la Cámara. “Eso es política sucia”, acusó Rivarola, exaltada.
Osvaldo del Grosso (PJ) apeló a datos del Censo para intentar demostrar que el Gobierno hizo bastante en materia habitacional, aunque terminó reconociendo que no ha sido suficiente y que en lugares como Libertador es muy difícil dar respuestas por razones que no explicó.
El presidente del bloque justicialista, Rubén Rivarola, quien momentos antes había sido interpelado por no haber evitado el desalojo cuando se sabía con antelación que iba a ocurrir, prefirió apuntar los cañones hacia el Poder Judicial y tras cuestionar al juez Samman por firmar el desalojo y tomarse vacaciones, reclamó que las autoridades judiciales den rápidamente con los culpables.
El papel del Ingenio Ledesma fue tocado por la diputada Carolina Moisés quien habló de “grupos económicos a los que no les importa su responsabilidad social” y ya pasaron todos límites. Baca también había manifestado la necesidad investigar la actuación de la empresa en el episodio.
Por su parte, Pedro Olver Legal (UCR) dio cuenta de los nuevos asentamientos producidos en la ciudad y llamó la atención sobre un fenómeno dramático y que nunca antes se había visto en Jujuy: que asalariados y trabajadores independientes con recursos para pagar la cuota de una vivienda se conviertan en vergonzantes ocupas porque no hay tierras ni casas en donde vivir.
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