JUJUYEn la sesión de ayer, el PJ justificó el procedimiento policial y judicial en el caso y se opuso a un pedido de informes, argumentando un aprovechamiento político de la oposición. Desde la Unión Cívica Radical y Primero Jujuy advirtieron que hubo una grave violación a la Constitución y se reclamó el esclarecimiento de los hechos.
El pasado 10 de mayo, a pesar de sus inmunidades y fueros, tres ediles que apoyaban el reclamo de jornalizados de la Municipalidad de El Talar fueron detenidos y encerrados en el Penal de Gorriti. Se denunció que el juez Aróstegui tuvo expresiones amenazantes contra los parlamentario
La detención de tres concejales de El Talar enfrentó ayer al oficialismo y a la oposición y puso en el centro del debate, por un lado, la defensa de las instituciones democráticas y por el otro, la discrecionalidad de los poderes Ejecutivo y Judicial en la sanción de las protestas sociales y sindicales.
La cuestión fue planteada por el radical Carlos Oehler, quien señaló que los concejales Diego Ruiz, Víctor Castro y Wilfredo Norman López –detenidos el 10 de mayo- ingresaron ayer a la Comisión de Asuntos Institucionales la denuncia formal sobre los hechos. El episodio –remarcó- reporta un “claro e inadmisible” avasallamiento de principios constitucionales por parte de funcionarios judiciales, policiales y del Servicio Penitenciario. Citando el relato de los ediles y un video que muestra los incidentes, Oehler aseguró que queda claro que los concejales no cometieron delito alguno y que estaban circunstancialmente en cercanías de la Casa de Gobierno, cuando la policía los detuvo junto a un grupo de mujeres que estaban encadenadas a las rejas del palacio. Asimismo, expresó que la detención en el instituto carcelario constituye otra irregularidad, ya que la privación de la libertad en las cárceles “está expresamente limitada a los procesados”.
Diputado Carlos Oehler.
Los talareños –agregó- fueron tratados como delincuentes, desnudados, fotografiados y se le tomaron las huellas dactilares. Además, el juez Javier Aróstegui –quien había ordenado las detenciones- se presentó en el Penal y “tuvo el tupé de decirles que esperaba que las cosas quedaran ahí porque él era el loquito Aróstegui y había que tener cuidado con el loquito Aróstegui”, relató Oehler para expresar su preocupación por el “desequilibrio emocional” del juez.
Tras reclamar el esclarecimiento de los hechos y advertir que los ediles no son del partido radical sino peronistas, alertó que “estaremos sentando un precedente grave de consecuencias impredecibles” si el episodio queda sin esclarecer y no se establecen las responsabilidades.
Guillermo Eugenio Snopek (PJ), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales reconoció que ante el pedido del diputado Oscar Agustín Perassi, “se indagó la situación”, se pidió un informe de las actuaciones del juez, pudiendo saberse que la policía había actuado siguiendo una orden judicial y que la causa estaba bajo secreto de sumario, “por eso no hubo informe de la Comisión de Asuntos Institucionales”. El legislador dijo que hay que esperar el levantamiento del secreto de sumario: “hay que ser prudente, esperar el resultado de la justicia y ahí analizar en la comisión”, añadió.
Más allá fue Hugo Insausti (PJ), quien aseguró que “existe la posibilidad” que los ediles hubieran cometido delito flagrante, que es la excepción prevista en la Constitución para la inmunidad. No obstante lo cual, sostuvo que el bloque del PJ “quiere esclarecer esta situación”, fue “siempre muy coherente” y el tema merece atención con detalle y seriedad, dentro de la Comisión de Asuntos Institucionales.
Oehler replicó afirmando que “no sabía que acompañar una protesta es un delito”, mientras que Alberto Bernis, jefe del bloque radical, destacó que la policía arrestó a los concejales aún cuando éstos se identificaron como tales: “esto tiene que ver con la defensa de las instituciones y de la democracia”, alertó. “Le creemos a los concejales, un repudio a los hechos por parte de esta Legislatura no es una actitud irresponsable”, remarcó ante la negativa del bloque oficialista de sancionar un repudio.
El diputado Oscar Agustín Perassi del bloque Primero Jujuy aseveró que “no importa si los concejales son radicales, comunistas o anarquistas; es igual; acá lo que ocurrió es un hecho que se debe aclarar”. Para el legislador, “se traspasaron los límites de lo normal y merecía que nos informáramos, ya que surgen dudas sobre cómo, por qué y quiénes” participaron en el procedimiento.
Aunque confió que no le gustaba cuestionar el accionar policial “porque no estoy seguro que hayan cometido incorrecciones”, Perassi explicó que por eso se había solicitado a la Comisión de Asuntos Institucionales que cite a los funcionarios policiales y penitenciarios que tomaron parte del operativo, con el fin de “escuchar, ver las versiones y tener la información; saber si hubo excesos y si fueron obra de la Policía o de la Justicia”.
Parafraseando a Perón, el legislador sostuvo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y advirtió que “los señores jueces deben ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento a la ley”. Defendió también a los concejales, al sostener que no estaban encadenados sino que la protesta era realizada por los empleados municipales. “Ellos (por los ediles) estaban haciendo gestiones, así que dudo que hubiera causa para imputarles este u otro delito”, señaló.
Perassi llamó la atención sobre otra irregularidad: que los detenidos fueran traslados desde la Seccional 1° al Penal de Gorriti. “Los llevaron rápidamente al Penal, cuando hay presos que tienen meses en las comisarías y no los llevan al Servicio Penitenciario. No es un procedimiento normal y menos por este tipo de delito inventado”, opinó.
También subrayó que a 16 días de los hechos y “estamos igual que hace 16 días” y mocionó un apartamiento del reglamento para ingresar y dar tratamiento a un pedido de informes.
El oficialista Héctor Tentor rechazó la forma en que se presentara la cuestión, porque “parece que existe intencionalidad del PJ de tapar algo”. Resaltó que la bancada justicialista defendió siempre el respeto a las inmunidades constitucionales y que “tenemos la obligación de conocer qué sucedió”.
“Como poder, –consideró- tenemos que marcar un equilibrio y el equilibrio debe estar en el respeto porque si no estaríamos haciendo lo contrario a lo que pedimos. La defensa institucional es más importante pero no entraremos en el juego que somos los salvadores y otros no”, expresó.
Diputado Rubén Rivarola.
El presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, terminó de cerrar los argumentos en contra de los concejales, a los que implicó como parte de la protesta que reprimió la policía. “Para mí, es un delito no dejar salir gente de la Casa de Gobierno”, sostuvo y destacó que la detención fue ordenada por la agente fiscal Cravero de Savio por el delito de “turbación”, ante la actitud de los manifestantes de negarse a salir de los accesos a la Casa de Gobierno, medida que impedía al gobernador y a otros funcionarios salir del palacio. Según Rivarola, la resistencia “fue tan fuerte que hubo dos policías heridos”. También aseguró que en el Penal no desnudaron a los ediles sino que “sólo les sacaron los cintos y los cordones de las zapatillas” y los revisó un médico. No obstante estas afirmaciones, el jefe del bloque oficialista opinó que “está bien que se investigue pero si nosotros cometemos algún disturbio, nos tenemos que bancar lo que pase”. Rivarola criticó que en ocasiones se critique a la justicia por no actuar y luego porque actúa.
Saliendo al cruce de Rivarola, Perassi afirmó que “se quemó la Casa de Gobierno y nadie hizo nada; quemaron el Salón de la Bandera y la Justicia no se dio por enterada; tomaron el Salón Blanco durante dos días, pero no era delito. Ley pareja no es rigurosa y esa es la función de la justicia y de los funcionarios que a veces denuncian y otras veces miran para otro lado”, enfatizó. Añadió que los fueros “son de las instituciones y los tenemos porque somos miembros de las instituciones y representantes del pueblo”.
Jorge Casas (PJ) estimó que el pedido de informes propuesto por Perassi debió haberse dirigido al Poder Judicial que ordenó el procedimiento policial y no al Poder Ejecutivo y que la iniciativa “tiene contenido político que le quita seriedad al planteo sobre los fueros constitucionales”.
Bernis replicó que “parece que no se quiere profundizar el tema, se dice una cosa y se hace otra” e Insausti insistió en que el caso “tiene ribetes políticos”. Según el legislador del PJ, “no hay intención seria, el tema se debe abordar en la Comisión de Asuntos Institucionales como se está tratando”.
Tanto la moción de Oehler proponiendo el repudio de la Legislatura a la detención de los concejales y como la de Perassi para tratar un pedido de informe, fueron rechazadas por la negativa del Justicialismo.
La cuestión fue planteada por el radical Carlos Oehler, quien señaló que los concejales Diego Ruiz, Víctor Castro y Wilfredo Norman López –detenidos el 10 de mayo- ingresaron ayer a la Comisión de Asuntos Institucionales la denuncia formal sobre los hechos. El episodio –remarcó- reporta un “claro e inadmisible” avasallamiento de principios constitucionales por parte de funcionarios judiciales, policiales y del Servicio Penitenciario. Citando el relato de los ediles y un video que muestra los incidentes, Oehler aseguró que queda claro que los concejales no cometieron delito alguno y que estaban circunstancialmente en cercanías de la Casa de Gobierno, cuando la policía los detuvo junto a un grupo de mujeres que estaban encadenadas a las rejas del palacio. Asimismo, expresó que la detención en el instituto carcelario constituye otra irregularidad, ya que la privación de la libertad en las cárceles “está expresamente limitada a los procesados”.
Diputado Carlos Oehler.
Los talareños –agregó- fueron tratados como delincuentes, desnudados, fotografiados y se le tomaron las huellas dactilares. Además, el juez Javier Aróstegui –quien había ordenado las detenciones- se presentó en el Penal y “tuvo el tupé de decirles que esperaba que las cosas quedaran ahí porque él era el loquito Aróstegui y había que tener cuidado con el loquito Aróstegui”, relató Oehler para expresar su preocupación por el “desequilibrio emocional” del juez.
Tras reclamar el esclarecimiento de los hechos y advertir que los ediles no son del partido radical sino peronistas, alertó que “estaremos sentando un precedente grave de consecuencias impredecibles” si el episodio queda sin esclarecer y no se establecen las responsabilidades.
Guillermo Eugenio Snopek (PJ), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales reconoció que ante el pedido del diputado Oscar Agustín Perassi, “se indagó la situación”, se pidió un informe de las actuaciones del juez, pudiendo saberse que la policía había actuado siguiendo una orden judicial y que la causa estaba bajo secreto de sumario, “por eso no hubo informe de la Comisión de Asuntos Institucionales”. El legislador dijo que hay que esperar el levantamiento del secreto de sumario: “hay que ser prudente, esperar el resultado de la justicia y ahí analizar en la comisión”, añadió.
Más allá fue Hugo Insausti (PJ), quien aseguró que “existe la posibilidad” que los ediles hubieran cometido delito flagrante, que es la excepción prevista en la Constitución para la inmunidad. No obstante lo cual, sostuvo que el bloque del PJ “quiere esclarecer esta situación”, fue “siempre muy coherente” y el tema merece atención con detalle y seriedad, dentro de la Comisión de Asuntos Institucionales.
Oehler replicó afirmando que “no sabía que acompañar una protesta es un delito”, mientras que Alberto Bernis, jefe del bloque radical, destacó que la policía arrestó a los concejales aún cuando éstos se identificaron como tales: “esto tiene que ver con la defensa de las instituciones y de la democracia”, alertó. “Le creemos a los concejales, un repudio a los hechos por parte de esta Legislatura no es una actitud irresponsable”, remarcó ante la negativa del bloque oficialista de sancionar un repudio.
El diputado Oscar Agustín Perassi del bloque Primero Jujuy aseveró que “no importa si los concejales son radicales, comunistas o anarquistas; es igual; acá lo que ocurrió es un hecho que se debe aclarar”. Para el legislador, “se traspasaron los límites de lo normal y merecía que nos informáramos, ya que surgen dudas sobre cómo, por qué y quiénes” participaron en el procedimiento.
Aunque confió que no le gustaba cuestionar el accionar policial “porque no estoy seguro que hayan cometido incorrecciones”, Perassi explicó que por eso se había solicitado a la Comisión de Asuntos Institucionales que cite a los funcionarios policiales y penitenciarios que tomaron parte del operativo, con el fin de “escuchar, ver las versiones y tener la información; saber si hubo excesos y si fueron obra de la Policía o de la Justicia”.
Parafraseando a Perón, el legislador sostuvo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y advirtió que “los señores jueces deben ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento a la ley”. Defendió también a los concejales, al sostener que no estaban encadenados sino que la protesta era realizada por los empleados municipales. “Ellos (por los ediles) estaban haciendo gestiones, así que dudo que hubiera causa para imputarles este u otro delito”, señaló.
Perassi llamó la atención sobre otra irregularidad: que los detenidos fueran traslados desde la Seccional 1° al Penal de Gorriti. “Los llevaron rápidamente al Penal, cuando hay presos que tienen meses en las comisarías y no los llevan al Servicio Penitenciario. No es un procedimiento normal y menos por este tipo de delito inventado”, opinó.
También subrayó que a 16 días de los hechos y “estamos igual que hace 16 días” y mocionó un apartamiento del reglamento para ingresar y dar tratamiento a un pedido de informes.
El oficialista Héctor Tentor rechazó la forma en que se presentara la cuestión, porque “parece que existe intencionalidad del PJ de tapar algo”. Resaltó que la bancada justicialista defendió siempre el respeto a las inmunidades constitucionales y que “tenemos la obligación de conocer qué sucedió”.
“Como poder, –consideró- tenemos que marcar un equilibrio y el equilibrio debe estar en el respeto porque si no estaríamos haciendo lo contrario a lo que pedimos. La defensa institucional es más importante pero no entraremos en el juego que somos los salvadores y otros no”, expresó.
Diputado Rubén Rivarola.
El presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, terminó de cerrar los argumentos en contra de los concejales, a los que implicó como parte de la protesta que reprimió la policía. “Para mí, es un delito no dejar salir gente de la Casa de Gobierno”, sostuvo y destacó que la detención fue ordenada por la agente fiscal Cravero de Savio por el delito de “turbación”, ante la actitud de los manifestantes de negarse a salir de los accesos a la Casa de Gobierno, medida que impedía al gobernador y a otros funcionarios salir del palacio. Según Rivarola, la resistencia “fue tan fuerte que hubo dos policías heridos”. También aseguró que en el Penal no desnudaron a los ediles sino que “sólo les sacaron los cintos y los cordones de las zapatillas” y los revisó un médico. No obstante estas afirmaciones, el jefe del bloque oficialista opinó que “está bien que se investigue pero si nosotros cometemos algún disturbio, nos tenemos que bancar lo que pase”. Rivarola criticó que en ocasiones se critique a la justicia por no actuar y luego porque actúa.
Saliendo al cruce de Rivarola, Perassi afirmó que “se quemó la Casa de Gobierno y nadie hizo nada; quemaron el Salón de la Bandera y la Justicia no se dio por enterada; tomaron el Salón Blanco durante dos días, pero no era delito. Ley pareja no es rigurosa y esa es la función de la justicia y de los funcionarios que a veces denuncian y otras veces miran para otro lado”, enfatizó. Añadió que los fueros “son de las instituciones y los tenemos porque somos miembros de las instituciones y representantes del pueblo”.
Jorge Casas (PJ) estimó que el pedido de informes propuesto por Perassi debió haberse dirigido al Poder Judicial que ordenó el procedimiento policial y no al Poder Ejecutivo y que la iniciativa “tiene contenido político que le quita seriedad al planteo sobre los fueros constitucionales”.
Bernis replicó que “parece que no se quiere profundizar el tema, se dice una cosa y se hace otra” e Insausti insistió en que el caso “tiene ribetes políticos”. Según el legislador del PJ, “no hay intención seria, el tema se debe abordar en la Comisión de Asuntos Institucionales como se está tratando”.
Tanto la moción de Oehler proponiendo el repudio de la Legislatura a la detención de los concejales y como la de Perassi para tratar un pedido de informe, fueron rechazadas por la negativa del Justicialismo.
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